Rívolo elevó la acusación al juez federal Claudio Bonadio, quien mantiene el secreto de sumario en el expediente en el marco de búsqueda de información.
La medida de la Fiscalía se resolvió a partir de una ampliación de denuncia de Margarita Stolbizer, quien señaló que el “retorno de dinero” mediante esos alquileres que recibió Cristina Kirchner es un soborno por la obra pública con sobreprecios que le fue adjudicada a Lázaro Báez. “Nos parece necesario que el juez investigue el delito de cohecho, más conocido como soborno. Está muy claro que hay devolución de favores. Ese retorno se hacía por sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces. El Código Penal establece como delito de cohecho la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se le otorga a una persona, en este caso, a las empresas de Lázaro Báez”, dijo.
Según una auditoría de Vialidad Nacional, las empresas de Báez obtuvieron el 73% de las licitaciones en obras de la provincia de Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina de Kirchner. Se trata en total de 51 obras que representan 16.386 millones de pesos, de las que solo se han finalizado 24 obras. Hasta diciembre del 2015, las empresas del Grupo Báez habían cobrado cerca de $ 9.037 millones.
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