Tales atentados a las garantías fundamentalesdel del ser humano se han llevado a la práctica incluso contra menores de edad, añade, y cita como ejemplo la muerte de un niño de la calle a causa de las quemaduras sufridas cuando un policía roció con gasolina el colchón donde dormía y le prendió fuego.
También subraya el asesinato a tiros de un hombre desarmado en el norteaño departamento de Arauca, por chocar accidentalmente con la motocicleta de un uniformado, y agrega que, en algunos casos, las instituciones de control encargadas de la investigación de casos como este fueron amenazadas.
El informe denuncia, a la par, el excesivo uso de unidades de la fuerza pública en las manifestaciones civiles, incluido el Escuadrón Móvil Antidisturbios, constatado por esa entidad de la ONU.
Unido a ello denuncia los fraudes procesales instigados por la policía y las presiones sobre ciudadanos para que ofrezcan falsos testimonios destinados a encubrir la participación olicial en determinados hechos.
El documento dedica un acápite especial a la respuesta inadecuada de las autoridades frente a los llamados falsos positivos o asesinatos de civiles luego presentados como guerrilleros caídos en combate.
Considerando la magnitud de esa crisis, destaca, son muy pocos los responsables retirados del servicio o procesados, mientras altos funcionarios vinculados con esos crímenes contra los derechos humanos continúan en servicio activo y siguen siendo ascendidos.
La Fiscalía General ha acumulado denuncias de esta naturaelza, especifica, entre ellas las relativas a víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales corresponden al tipo de ejecuciones extraoficiales conocidas como falsos positivos.
También mereció atención del informe de la ONU la crisis carcelaria provocada por el hacinamiento de una población penitenciaria que rebasa el 50 por ciento de la capacidad de las prisiones.
En muchas partes de Colombia, puntualiza, el sistema penitenciario vulnera los derechos de unas 120 mil personas actualmente encarceladas y que, como han reconocido los tribunales, carecen de atención a la salud, alimentación, recreación y deporte, educación y trabajo remunerado suficientes.
"Tampoco existen políticas claras de rehabilitación", señala.
Otro elemento reseñado es la discriminación por motivos de raza, origen étnico, género, edad, orientación sexual y discapacidad.
Algunos responsables públicos, añade, manifestaron abiertamente su intolerancia y promovieron la estigmatización de esos sectores. Las actitudes intolerantes y discriminatorias hacia las personas con discapacidades permanentes o temporales son un signo de intolerancia social profunda que debe enfrentarse, alerta el documento.
El representante en Colombia de las Naciones Unidas, Todd Towland, apuntó que la Alta Comisionada sigue trabajando con el Gobierno y la sociedad civil colombianos, con miras a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El informe denuncia, a la par, el excesivo uso de unidades de la fuerza pública en las manifestaciones civiles, incluido el Escuadrón Móvil Antidisturbios, constatado por esa entidad de la ONU.
Unido a ello denuncia los fraudes procesales instigados por la policía y las presiones sobre ciudadanos para que ofrezcan falsos testimonios destinados a encubrir la participación olicial en determinados hechos.
El documento dedica un acápite especial a la respuesta inadecuada de las autoridades frente a los llamados falsos positivos o asesinatos de civiles luego presentados como guerrilleros caídos en combate.
Considerando la magnitud de esa crisis, destaca, son muy pocos los responsables retirados del servicio o procesados, mientras altos funcionarios vinculados con esos crímenes contra los derechos humanos continúan en servicio activo y siguen siendo ascendidos.
La Fiscalía General ha acumulado denuncias de esta naturaelza, especifica, entre ellas las relativas a víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales corresponden al tipo de ejecuciones extraoficiales conocidas como falsos positivos.
También mereció atención del informe de la ONU la crisis carcelaria provocada por el hacinamiento de una población penitenciaria que rebasa el 50 por ciento de la capacidad de las prisiones.
En muchas partes de Colombia, puntualiza, el sistema penitenciario vulnera los derechos de unas 120 mil personas actualmente encarceladas y que, como han reconocido los tribunales, carecen de atención a la salud, alimentación, recreación y deporte, educación y trabajo remunerado suficientes.
"Tampoco existen políticas claras de rehabilitación", señala.
Otro elemento reseñado es la discriminación por motivos de raza, origen étnico, género, edad, orientación sexual y discapacidad.
Algunos responsables públicos, añade, manifestaron abiertamente su intolerancia y promovieron la estigmatización de esos sectores. Las actitudes intolerantes y discriminatorias hacia las personas con discapacidades permanentes o temporales son un signo de intolerancia social profunda que debe enfrentarse, alerta el documento.
El representante en Colombia de las Naciones Unidas, Todd Towland, apuntó que la Alta Comisionada sigue trabajando con el Gobierno y la sociedad civil colombianos, con miras a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Fuente: prensa-latina
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